Conferencia Internacional sobre Migración, Niñez y Familia propone el establecimiento de una iniciativa regional que permita abordar la crisis humanitaria en forma conjunta y definitiva


La Conferencia Internacional sobre Migración, Niñez y Familia,  culminó con reflexiones y líneas estratégicas que representan un marco de acción y compromiso para responder a la grave emergencia humanitaria generada por el alto flujo migratorio de niñas y niños no acompañados hacia los Estados Unidos de América, procedentes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. 
 
La actividad contó con la presencia de los gobiernos de Estados Unidos de América, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá; el Sistema de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Sistema de Integración Centroamericana; Organismos de Cooperación Internacional y representantes de la sociedad civil. 
 
En representación de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización asistió la Subsecretaria Karla Cueva, quien además forma parte de la Fuerza de Tarea del Niño Migrante que lidera la Primera Dama de la Nación Ana García de Hernández.
 
Durante la jornada se estableció que las causas del flujo migratorio de niños, niñas y adolescentes son múltiples, particularmente la violencia en todas sus dimensiones, el narcotráfico, la pobreza, la inequidad y la exclusión social; la falta de oportunidades; el abuso en los hogares; la reunificación familiar; la trata de personas, entre otras así como también la falsa percepción que si un menor o una familia con un menor llega a los Estados Unidos no será retornado.
 
Por consiguiente, es obligación de todos los Estados de origen, tránsito y destino  respetar y garantizar los Derechos Humanos de las personas migrantes y los principios de respeto al interés superior del niño. El acceso a la protección internacional, la no discriminación, el debido proceso y la reunificación familiar.
 
Asimismo, se propuso que los Estados con la cooperación de la comunidad internacional y de la Sociedad Civil deben trabajar en las causas de la migración y en especial dar atención al acceso a la salud, evitar el embarazo de adolescentes, la educación, el empleo, la seguridad alimentaria, la vivienda y proyecto de generación de ingresos familiares para los retornados, así como acompañamiento y seguimiento a las familias en su proceso de reinserción a sus comunidades.
 
Por lo anterior, el  Gobierno de Honduras supone actuar de manera conjunta en los siguientes cuatro planteamientos:
 
PRIMERO: En el diseño e implementación de una iniciativa regional modelada a partir de las experiencias realizadas para erradicar la emergencia de seguridad planteada por la localización de las redes del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos en nuestros países y al mismo tiempo promover el desarrollo económico e inclusión social.
 
SEGUNDO: El diseño y la implementación de un programa con recursos suficientes para el control efectivo de fronteras y la eliminación de “puntos ciegos”; la persecución, desarticulación y derrota definitiva de las redes de coyotaje; la protección de los Derechos Humanos y la integridad física y espiritual de los flujos de migrantes, especialmente los menores no acompañados, en los territorios de tránsito. Y la operación conjunta de las instituciones de los países de la región para la operación de estos operativos de disuasión y protección.
 
TERCERO: La fijación definitiva de una política migratoria clara por parte de los Estados Unidos, referida a los países de la región; un programa vasto y de gran alcance de comunicación, con la actuación conjunta de los Gobiernos de los Estados Unidos y de los países de la región para que todos los ciudadanos conozcan, sin lugar a confusiones o a desinformación.
 
Tanto los derechos, obligaciones e interdicciones referidas a la migración  ilegal, como los riesgos involucrados en el desplazamiento por los territorios de tránsito; la organización de estructuras y prácticas institucionales para los migrantes ilegales detenidos en el territorio de los Estados Unidos, que permitan el procesamiento expedito de las situaciones caso por caso, de acuerdo a la ley, a la protección de su integridad física y espiritual, y el respeto de sus derechos humanos.
 
CUARTO: La implementación de modelos institucionales efectivos para el acogimiento de los migrantes deportados en sus países de origen, para garantizar: un recibimiento adecuado, promotor de la dignidad de los individuos y las familias; su adecuada reinserción en materia laboral, y de educación, así como el seguimiento  personalizado de los individuos y las familias, y que no reincidan en su intención de emigrar.    
 
Honduras espera, iniciar de inmediato las consultas y negociaciones necesarias para el establecimiento, al más breve plazo, de una INICIATIVA REGIONAL que permita abordar esta crisis humanitaria en forma conjunta y definitiva, en reconocimiento de nuestra responsabilidad compartida para alcanzar la paz, la seguridad, el bienestar y la justicia para nuestros pueblos. 
 
 

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